Francia se ha situado entre los mercados europeos más avanzados en infraestructura para el vehículo eléctrico. La capacidad de su red pública de recarga equivale ya al 140% del objetivo europeo establecido por el reglamento AFIR, que relaciona las necesidades de potencia disponible con el número de vehículos electrificados en circulación.
El país supera así con margen las exigencias comunitarias. Una situación que comparte con buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea y que empieza a cambiar las prioridades en torno al despliegue de cargadores.
El número de puntos disponibles deja de ser el único indicador relevante. La facilidad de utilización de las estaciones y la transparencia de los precios aparecen ahora entre los principales aspectos pendientes de mejora.
Francia supera las exigencias del reglamento AFIR
El Reglamento de Infraestructuras para los Combustibles Alternativos establece una serie de requisitos para acompañar el crecimiento del parque electrificado europeo.
Entre ellos figura una potencia mínima de 1,3 kW por cada vehículo eléctrico de batería en circulación. En el caso de los híbridos enchufables, la exigencia se sitúa en 0,8 kW por vehículo.
Francia ha superado ampliamente ese umbral. El análisis de Transport & Environment sitúa al mercado francés entre los más adelantados de Europa junto con Alemania.
La situación es similar en la práctica totalidad de la Unión Europea. Malta es el único Estado miembro que permanece por debajo de esta exigencia, aunque se encuentra a poca distancia de cumplirla.
El escenario es diferente cuando se analiza el ritmo de despliegue entre las distintas regiones europeas. Varios países de Europa central y del sur todavía acumulan retrasos frente a los mercados que encabezan el desarrollo de estas infraestructuras.
La red principal francesa roza el cumplimiento total
El despliegue de cargadores no se analiza únicamente en función del parque de vehículos. La normativa europea también establece requisitos específicos para las principales carreteras que forman parte de la red transeuropea de transporte.
Esta infraestructura, conocida como RTE-T, integra los grandes ejes de comunicación por carretera del continente. En ellos, la regulación exige disponer de una estación de recarga rápida de al menos 150 kW cada 60 kilómetros en los corredores principales.
Francia está muy cerca de completar ese objetivo en su red principal. El grado de cumplimiento alcanza ya el 99% de las metas establecidas para 2025.
El avance también resulta significativo en la denominada red Comprehensive, que abarca una extensión mayor dentro de la red transeuropea.
En este caso, Francia ya satisface las exigencias previstas para 2027. Además, alcanza actualmente el 87% de los objetivos establecidos para 2030.
El desarrollo sitúa al país en una posición destacada dentro del mapa europeo de infraestructura de recarga y reduce progresivamente las carencias de cobertura en los grandes corredores de transporte.
Europa multiplica por cinco sus cargadores públicos
El crecimiento de la infraestructura no se limita al mercado francés. La Unión Europea ha experimentado una rápida expansión de los puntos disponibles durante los últimos cinco años.
Europa pasó de disponer de 220.000 cargadores públicos en 2020 a alcanzar 1,1 millones de puntos de recarga en 2025. La red continental, por tanto, multiplicó por cinco su tamaño en apenas un lustro.
Las previsiones apuntan a que el despliegue continuará durante los próximos ejercicios. Las proyecciones recogidas en el estudio sitúan el número de cargadores públicos europeos en 2,1 millones para 2030.
El cumplimiento de los requisitos de potencia también avanza. Actualmente, el 79% de la red central europea satisface las exigencias de recarga ultrarrápida fijadas por AFIR.
Europa occidental es la región que presenta un mayor grado de desarrollo. Su nivel de conformidad supera el 99%.
Los países del Este, aunque parten de posiciones más retrasadas, están registrando los mayores avances relativos en la extensión de sus redes.
España necesita actuar sobre 22 estaciones
El análisis identifica un número relativamente reducido de actuaciones necesarias para mejorar significativamente el grado de cumplimiento de la red central europea.
Según los cálculos recogidos, bastaría con instalar o modernizar 70 estaciones estratégicamente situadas para elevar la conformidad del conjunto de la red central europea por encima del 90%.
España concentra la mayor parte de esas necesidades. En concreto, sería necesario actuar sobre 22 estaciones.
Polonia ocupa la segunda posición, con 11 instalaciones, mientras que Rumanía requeriría intervenir en siete.
Estas actuaciones permitirían reducir una parte importante de las carencias que todavía existen en determinados corredores y acercar el conjunto de la infraestructura europea a los niveles que ya presenta Europa occidental.
La calidad del servicio gana protagonismo
El fuerte crecimiento de las infraestructuras está provocando un cambio en las prioridades del mercado. Una vez alcanzados buena parte de los objetivos cuantitativos, la atención empieza a desplazarse hacia la experiencia que encuentra el usuario cuando necesita cargar su vehículo.
Transport & Environment considera que la batalla relacionada con el despliegue de infraestructura está en gran medida resuelta. El reto pasa ahora por mejorar la calidad del servicio de recarga.
La organización señala que los conductores de vehículos eléctricos ya no necesitan recorrer largas distancias para localizar un cargador público en numerosos países de la Unión Europea.
El cumplimiento de los objetivos establecidos ha permitido reducir uno de los problemas asociados históricamente a la utilización del coche eléctrico: la disponibilidad de infraestructura pública durante los desplazamientos.
Sin embargo, disponer de estaciones suficientes no resuelve todos los obstáculos relacionados con la recarga.
Facilidad de uso y precios, los próximos retos
La extensión de la red abre una nueva etapa en el desarrollo de la movilidad eléctrica. El número de cargadores pierde parte del protagonismo frente a otros factores directamente relacionados con el funcionamiento de las instalaciones.
Marie Chéron, directora en funciones de T&E Francia, señala dos áreas principales en las que todavía existe margen de mejora: la facilidad de uso de los cargadores y la falta de transparencia en los precios.
Ambos aspectos condicionan la experiencia del conductor y, según la organización, deben mejorar para aumentar el atractivo del vehículo eléctrico.
El cambio de prioridades llega después de varios años de fuerte crecimiento de la infraestructura europea. Francia representa uno de los ejemplos más avanzados. No solo dispone de una capacidad superior a la requerida actualmente por AFIR, sino que prácticamente ha completado los objetivos de su red principal y ya cumple anticipadamente las exigencias de 2027 para la red Comprehensive.
Con 2,1 millones de cargadores públicos previstos en Europa para 2030, el despliegue continuará. Sin embargo, el siguiente desafío estará cada vez menos relacionado con la cantidad de estaciones y más con la calidad, facilidad de utilización y claridad de los costes que encuentran los usuarios cuando acceden a ellas.
